Denuncian que sindicalistas secuestraron a pueblo minero

Más de ocho mil habitantes de la comunidad minera Hércules, municipio de Sierra Mojada, permanecen secuestrados por un grupo de afines al sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia, que mediante amenazas y terror controlan el lugar, denunció el expulsado dirigente sindical Rolando Torres.

Estos activistas controlan en único acceso al poblado y deciden quién entra y quién sale de la comunidad, explicó Rolando, dirigente de la Sección local 265 del Sindicato Nacional Democrático, opositor del Minero de Gómez Urrutia.

Torres dijo que con la visita del titular de la Fiscalía General de del Estado (FGE) de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, y del comandante de la 47 Zona Militar de Piedras Negras, General Fidel Mondragón, los pobladores tuvieron la esperanza de recuperar su libertad de movimiento y esperaban la detención de los “napistas”.

Sin embargo, estos recorrieron el poblado armado con bates, machetes y algunos con aparentes armas cortas de fuego, exigiendo la salida inmediata de familias cuyos jefes son opositores a los simpatizantes de “Napo”.

Torres señaló que hace dos meses los afines al Sindicato Minero obligaron a los dirigentes sindicales y sus familias abandonar el mineral y se posesionaron de la única entrada a la localidad.

Expuso que controlan con retenes ilegales la brecha de terracería que comunica a Hércules con Camargo, Chihuahua, impidiendo el ingreso de trabajadores y sus familias que consideran adversarios.

Señaló que e incluso han agredido físicamente a quienes han intentado entrar para ir a sus hogares.

Torres afirmó que la falta de actuación de la FGE y del Ejército se interpreta como una autorización tácita para que los “Napistas” continúen actuando de manera impune.

Dijo que incluso el alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo, les informó a las aterrorizadas familias de Hércules que no tenía suficientes policías para protegerlos y facilitó patrullas a los habitantes opositores al “napismo” para que a bordo de estas abandonaran la población.

Agregó que por su seguridad los conminó a abandonar el poblado.

AHMSA CONFIRMA LOS HECHOS

Esta situación fue confirmada por Altos Hornos de México, empresa propietaria de Minera del Norte S.A.(Minosa) que es la dueña de la mina de Hércules.

Francisco Orduña Mangiola, director de Comunicación Social de la siderúrgica, señaló que la empresa solicitó a las autoridades poner orden en la localidad de 8 mil habitantes, sumida en tensión y pánico por las constantes amenazas y agresiones del grupo de activistas afines a Gomez Urrutia contra sus opositores sindicales.

“Resultó increíble que las autoridades terminaran dando legitimidad a delincuentes que están denunciados (sic) por robo, ataques a la propiedad, sabotaje y otros delitos, sin que la Fiscalía hasta ahora haya dado curso a las consignaciones”, expuso el directivo de la acerera.

Orduña sostuvo que los acusados de estos delitos “son quienes tienen tomado de hecho el pueblo e imponen su ley al estilo de los paramilitares de Guerrero o Michoacán, pero ahora en Coahuila”, expresó.

Agregó que “en síntesis, un grupo en que la mayoría ni siquiera son habitantes de Hércules, puede decidir quiénes pueden continuar viviendo allí y quiénes deben abandonar sus casas y sus pertenencias si no quieren ser agredidos y expulsados; esa es la realidad de hoy”.

Señaló que existe un conflicto sindical desde que los trabajadores decidieron por mayoría abandonar la organización encabezada por Gómez Urrutia y adherirse al Sindicato Nacional Democrático de Mineros, “a lo que Napito ha respondido igual como en Zacatecas, Guerrero, Sonora y otras zonas, generando violencia y parando las empresas”.

“Los conflictos de este tipo deben resolverse en los tribunales laborales y con sus procedimientos, pero en este caso el Fiscal determinó entregar de facto la titularidad a Gómez Urrutia y legitimó que sus gentes violen flagrantemente la ley, al establecer, por ejemplo, retenes ilegales de control en la carretera y en el ingreso al pueblo”, abundó.

HAY DENUNCIAS ANTE LA FGE

Explicó que Minera del Norte, subsidiaria de AHMSA, presentó hace meses denuncias ante las autoridades judiciales porque un grupo de trabajadores y activistas enviados por Gómez Urrutia, liderados por el ex trabajador Francisco Vaca Pavía, tomaron las instalaciones de ingreso a la principal mina subterránea de fierro, aledaña al poblado, impidiendo el ingreso del personal técnico que debe darle mantenimiento.

“Para la empresa la situación es muy grave -precisó Orduña- porque interrumpieron el bombeo, provocaron la inundación del yacimiento, la inutilización de vehículos y equipos muy costosos, a la vez que han robado cables, maquinaria y equipos diversos, lo que costará decenas de millones de dólares y mucho tiempo subsanar; todo eso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado sin que hasta el momento se haya actuado”.

Dijo que se entendió que por el período electoral las autoridades no actuarían y confiaron que el viernes acudirían a poner orden; pero resultó todo lo contrario y terminaron legalizando el desorden: "tenemos incluso el aviso de las autoridades de Wallmart de que van a cerrar la bodega Aurrera, porque no pueden operar en esas condiciones y es el único centro de abastecimiento para la localidad y las zonas aledañas”.

Por su parte, Rolando Torres indicó que para los habitantes ha sido un año muy difícil, ya que estuvieron muchas semanas sin energía eléctrica por el corte de suministro que hizo la CFE. Un problema adicional que enfrentan los trabajadores y sus familias es la falta de pago de salarios, muy retrasados; lo que se ha sumado también a la falta de servicios públicos que prestaba la compañía.

Al respecto, Orduña señaló que al igual como los 17 mil trabajadores de AHMSA y sus empresas, la paralización de actividades productivas, que ya se encamina a seis meses, ha generado una grave crisis financiera que afecta principalmente el pago de salarios y prestaciones, con retrasos que llegan a más de dos meses.

“Todos sabemos que esto fue generado por la agresión del Gobierno Federal a la empresa, con acusaciones inventadas, en un drama que ya dura cuatro años. A pesar de que no se está produciendo acero desde hace más de cinco meses y, por lo tanto, no hay ingresos, se ha logrado pagar buena parte de los salarios base al cobrar cuentas, vender predios, chatarra, subproductos, pero todo tiene su límite, se acabaron esas opciones”, señaló.

Precisó que en el caso de Hércules “se ha pagado, con atraso, pero se ha logrado pagar a quienes están realmente laborando presencialmente o en home office, pero por mínima lógica no se ha pagado ni se pagará a los que tienen tomadas instalaciones y han cometido delitos y daños que afectan a la fuente de empleo y a sus compañeros”.

La empresa fue vendida a nuevos accionistas y está a pasos de recibir inversión que le permitirá reanudar gradualmente operaciones y normalizar principalmente el tema salarial, dijo Orduña Mangiola, pero consideró que la situación en Hércules complicará esta meta, “porque los daños que se causaron son muy graves y no se puede ceder a extorsiones, como desgraciadamente está sucediendo”.

Hércules, situado en la zona desértica de Coahuila, limítrofe con Chihuahua, es un poblado de poco más de 8 mil habitantes que se generó en torno a las operaciones de extracción de fierro de Minera del Norte, material que es enviado a Monclova a través de un ferroducto de 300 kilómetros, para su uso como insumo en los altos hornos de AHMSA.

La población está conformada por trabajadores y trabajadoras de la minera y sus familias, prestadores de servicios externos, extrabajadores que permanecieron y gente sin relación con la actividad minera que se dedica al comercio y que reciben en forma gratuita por parte de la empresa casa habitación, electricidad, agua potable, atención médica y servicios públicos en apoyo al Municipio de Sierra Mojada.