El Siglo accedió al informe de resultados que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) realizó a la Cuenta Pública 2022 del Gobierno del Estado; de la cual, de enero a agosto, le correspondió a la administración que encabezó José Rosas Aispuro Torres.
Mediante una solicitud de acceso a la información, El Siglo accedió al informe de resultados que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) realizó a la Cuenta Pública 2022 del Gobierno del Estado; de la cual, de enero a agosto, le correspondió a la administración que encabezó José Rosas Aispuro Torres.
El proceso de fiscalización del recurso ejercido por la pasada Administración Estatal durante los primeros ocho meses arrojó observaciones por más de dos mil 700 millones de pesos, de los cuales el 93 por ciento recayó directamente en la Secretaría de Finanzas y Administración; mayormente se centraron en anomalías relacionadas con las Participaciones Federales, pues superaron la cantidad de mil 222 millones de pesos.
Otro concepto que pudiera implicar daño a la Hacienda Pública Estatal fue el de Distribución de Participaciones, en el que la Entidad de Auditoría Superior del Estado hizo observaciones por 671 millones 440 mil pesos; la mayoría del monto es por recurso que no transfirió, pero también hay un apartado importante en el que se señala que ese recurso generó rendimientos financieros por poco menos de 56 millones de pesos que el Gobierno no pagó.
También podría destacar lo que se observó en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que fue exactamente por 349 millones 570 mil 647 pesos; de los cuales casi el 95% nunca se transfirió al destinatario que debía y generó rendimientos por más de 17 millones de pesos que no se pagaron.
Un rubro que en su momento generó molestia y que resaltaron los alcaldes, fue el concepto del Impuesto Predial, el cual "ayudó" a cobrar la pasada Administración Estatal y generó recursos por 19 millones 147 mil 051 pesos, pero que nunca le entregó a los Gobiernos Municipales con los que había acordado dicha colaboración.
El otro 7 por ciento de las anomalías detectadas en el gasto 2022 que ejerció la pasada Administración fue en el rubro de Obra Pública, por un total de 169 millones 502 mil 815 pesos. Y las observaciones se centran que poco más de 90 millones de pesos carecen de documentación comprobatoria y arriba de 39 millones corresponden a pagos indebidos o en exceso; pero también se detectaron anticipos no amortizados por cerca de 40 millones de pesos.
La Entidad de Auditoría también señaló que en el proceso de fiscalización se determinaron omisiones, errores, deficiencias e inconsistencias en lo que se refiere a la Contraloría Estatal, que están relacionadas con la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos que utilizó la pasada Administración, "mismas que persisten hasta esta fecha al no haber sido subsanadas en su totalidad".
EJEMPLO
El sector docente fue el primero en señalar las anomalías que se estaban presentando en la Administración pasada.
ESTALLIDO
La UJED realizó una de las movilizaciones más grandes hacia el final de la Administración anterior.
