Este acontecimiento no solo tuvo un impacto significativo en la distribución de la tierra, sino también en la gestión del recurso hídrico en una zona caracterizada por su escasez de agua.
El 6 de octubre de 1936 marcó un hito en la región de La Laguna, situada entre los estados de Coahuila y Durango en México, cuando el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto que daría inicio a un amplio programa de reparto agrario.
Este acontecimiento no solo tuvo un impacto significativo en la distribución de la tierra, sino también en la gestión del recurso hídrico en una zona caracterizada por su escasez de agua, tal como señala Lourdes Romero Navarrete, doctora en Historia, en un artículo para la Universidad Autónoma de México.
ANTECEDENTES
Desde 1917, un activo movimiento campesino había estado presionando para obtener tierras ejidales en La Laguna. En ese año, bajo el decreto de Venustiano Carranza, se otorgaron las primeras dotaciones de tierras en Villa Juárez y Bermejillo, en el estado de Durango. Simultáneamente, poblaciones como Gómez Palacio, San Pedro de las Colonias y Lerdo comenzaron a solicitar dotaciones, que se concedieron favorablemente en 1922 y 1928 en los dos últimos casos.
A medida que La Laguna se consolidaba como un centro de crecimiento económico, la demanda de agua aumentaba y los conflictos por este recurso se volvían recurrentes. La región dependía en gran medida de los ríos Nazas y Aguanaval para la producción algodonera y otras actividades agrícolas.
UN PUNTO DE INFLEXIÓN
El reparto de 1936 fue notable por varias razones. Fue una medida destinada a unificar los diversos intereses dentro del movimiento agrarista en La Laguna, y se centró en la creación de ejidos colectivos, lo que representó un punto de inflexión en la política agraria iniciada en 1917.
No obstante, este reparto no solo afectó la distribución de tierras, sino que también generó conflictos significativos en torno al agua.
EL DESAFÍO DEL RECURSO HÍDRICO
En un entorno caracterizado por la escasez de agua, la distribución de este recurso se convirtió en un proceso igualmente controvertido. En 1936, se aplicaron por primera vez en La Laguna leyes recientemente creadas para regular el agua, como la Ley de Irrigación de 1926 y la Ley de Aguas de Propiedad Federal de 1934.
La distribución del agua se realizó a través de presas y canales, pero surgieron numerosos problemas. La superficie total de terrenos de riego bajo control ejidal ascendía a 135,000 hectáreas, mientras que la de pequeños propietarios era de 89,000 hectáreas. La distribución propuesta resultó en una dotación insuficiente para muchos usuarios, especialmente para aquellos con propiedades de más de 150 hectáreas.
REFORMAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Como respuesta a los desafíos que surgieron, se llevaron a cabo reformas significativas en el sistema de distribución de agua. Se creó el Reglamento para la Distribución de las Aguas del río Nazas, en 1939, que buscaba una distribución más equitativa y eficiente del recurso.
Este nuevo reglamento introdujo la creación de juntas locales de agua y reemplazó el sistema de preferencias basado en derechos adquiridos por un sistema de distribución según los usos. A pesar de las dificultades iniciales, este enfoque sentó las bases para una gestión más democrática y equitativa del agua en La Laguna.
Así, el reparto agrario del 6 de octubre de 1936 en La Laguna, impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas, fue un acontecimiento clave en la historia de la Reforma Agraria mexicana.
No solo transformó la tenencia de la tierra en la región, sino que también desencadenó cambios significativos en la gestión del agua. A través de reformas posteriores, se buscó incluso abordar los desafíos en la distribución del recurso hídrico y sentar las bases para una administración más equitativa y eficiente del agua en esta zona caracterizada por su escasez.
Por tanto, este episodio histórico sigue siendo un recordatorio de la lucha por la justicia agraria y la gestión sostenible de los recursos naturales en México.
