El Centro de Justicia Penal es la dependencia que ordena la imposición del brazalete electrónico. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Durante la segunda audiencia, un juez determinó que Rafael debía ser portador de un brazalete electrónico, esto con la intención de proteger la seguridad e integridad de su exesposa Perla, quien junto con su abogada, recabó las pruebas suficientes para demostrar que el hombre era merecedor de esa medida cautelar.
Por tratarse de un sistema dual, le informaron al finalizar la audiencia, que ella también tendría que usar uno más discreto en la muñeca. Sin embargo, le dijeron que en ese momento no contaban con uno para ella, pero que en cuanto tuvieran en existencia le avisarían para colocárselo. Fue un 18 de mayo cuando le dieron esa indicación y a la fecha no se han comunicado con ella.
Sobre su funcionamiento, comentó a este diario, no le explicaron mucho, sólo que su exmarido no se puede acercar a 200 metros a la redonda de los cuatro lugares a los que más asiste, porque si lo llegara a hacer, el brazalete que tiene colocado en el tobillo, se activaría para alertar a las autoridades y él se metería en problemas graves.
Aunque accedió a esa medida cautelar, Perla no se siente segura, porque no confía en el funcionamiento y eficacia del dispositivo. Además, sabe que su exmarido es una persona a la que le gusta romper las reglas, y piensa que de alguna manera él ya logró alterarlo, o dio “mordida” a alguien para que se lo quitara o desactivara, porque no se explica, por ejemplo, cómo puede traerlo puesto y practicar natación todos los días, un deporte que acostumbra a realizar desde años atrás.
Lo último que sabe, y eso fue porque le llegó una notificación de parte de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) Torreón, es que su expareja metió un amparo para librarse del pago mensual de 8 mil 500 pesos, que tiene que hacer por ser portador de ese localizador. De ahí en más no está enterada si todavía lo trae puesto, ni tampoco ha recibido la notificación sobre si ya cuentan con uno para ella.
DATOS IMPRECISOS
Para conocer cómo funcionan y cuál es la eficacia real de estos brazaletes electrónicos, este diario acudió a UMECA Torreón, dependencia que se encarga de la vigilancia y el cumplimiento de los que actualmente están colocados. También visitó el Centro de Justicia Penal, dependencia que ordena su imposición, sin embargo, en ninguno de los dos lugares se ofreció información al respecto, alegando que se debía solicitar a través del departamento de comunicación social, y aunque se intentó, no se logró el acceso.
Fue Gricelda Elizalde Castellanos, Magistrada Presidenta de la Sala Colegiada Penal del Poder Judicial del Estado, quien indicó que la dependencia que contenía toda la información sobre los brazaletes era la Secretaría de Seguridad Pública. Por ende, este diario mandó una solicitud por transparencia a esta dependencia, que después de solicitar prórroga, contestó con evidentes vacíos e informó de manera imprecisa sobre estos dispositivos.
Lo que se le cuestionó a la Secretaría de Seguridad Pública fue lo siguiente: ¿Desde cuando está en funcionamiento la Unidad de medidas cautelares en Torreón?, ¿Desde cuándo y por qué en la unidad antes mencionada se comenzaron a implementar los localizadores electrónicos como medida cautelar?, ¿Con cuántos localizadores electrónicos cuenta el estado?, ¿Cuál es la inversión que se realizó para su adquisición?, ¿De donde provienen?, ¿Dónde se fabricaron?, ¿Cuáles son sus características?, ¿Cómo funcionan?, ¿Cuál es el objetivo de su aplicación?, ¿Cuántos hombres tienen colocado este dispositivo por tema de violencia de género en Coahuila?, ¿Cuántos hombres tienen colocado este dispositivo por tema de violencia de género en Torreón?, ¿Cuántas órdenes de restricción a hombres agresores se realizaron durante el 2023 y cuántas se han ejecutado en lo que va del año?, ¿Todos esos hombres son sujetos de utilizar el dispositivo?, ¿Por qué otro motivo puede ser colocado?, ¿Qué autoridad o dependencia designa su colocación?, ¿Qué autoridad y cómo monitorea estos dispositivos en Torreón?, ¿Cuál ha sido la eficacia real del uso de estos dispositivos electrónicos en cuanto a la disminución de agresiones violentas hacia las mujeres en Torreón?, ¿Cómo funciona el sistema dual y cuántas mujeres de Torreón son usuarias de este mecanismo?, ¿Cuál es la protección que se le brinda a la mujer que no ha podido acceder a este dispositivo?, ¿Cuál es la demanda para su aplicación?, ¿El agresor paga el uso del brazalete, o quién corre con los gastos?; En caso de que el agresor lo pague, ¿qué se hace con la recaudación de ese pago mensual?, ¿Qué fallas han presentado desde el inicio de su implementación a la fecha?, ¿Cuál es el tiempo de vida de estos aparatos?, y por último, ¿Qué puede y qué no hacer el usuario de los localizadores?.
De todo lo anterior, la SSP sólo contestó que los localizadores electrónicos se aplican como medida cautelar desde el 2016 por órdenes judiciales en que se ordene su aplicación. También que actualmente funcionan a través de dos tipos de sistemas, el normal que garantiza la no sustracción del imputado y evita actos de molestia a las victimas, y el dual, que, se estipuló, salvaguarda la integridad de la víctima; en ese sentido, se otorgó el dato que sólo cuatro mujeres de Torreón son usuarias de este último.
De ahí en más la dependencia no ofreció más información, por ende no podemos conocer cuál es la eficacia real de estos brazaletes, tampoco cuántos hombres cumplen con esta medida actualmente, y por qué motivos.
En casos como el de Perla, tampoco podemos saber qué tan eficientes son para combatir la violencia de género.
En general la Secretaría de Seguridad Pública no contestó de manera puntual y transparente ¿cuáles son los beneficios sociales reales de que los brazaletes sean colocados desde el 2016?
