Congreso de Durango. (ARCHIVO)
Los diputados que integran el Congreso del Estado de Durango concluirán su trienio y dejarán pendiente la revisión de la nueva Ley de Fiscalización, misma que tiene como objetivo la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Dicha Ley fue señalada como una necesidad de la administración pública estatal por parte del gobernador, Esteban Villegas Villarreal, desde el inicio de su gobierno, en septiembre del 2022, es decir, hace dos años y será revisada por la siguiente Legislatura que inicia en septiembre.
La Ley de Fiscalización, se informó, fortalecerá la comprobación detallada de las cuentas públicas de los 39 municipios, del gobierno del Estado y de los organismos autónomos, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales.
En este contexto, destacó que, según el acuerdo alcanzado con los diferentes grupos parlamentarios y fracciones representadas en el Congreso del Estado, será la próxima Legislatura la encargada de llevar a cabo el proceso de fiscalización de los estados financieros de los entes auditables.
“Es fundamental que la nueva legislatura tenga el tiempo y la oportunidad para realizar un análisis minucioso y transparente de las cuentas públicas”, dijo Amaya.
La presidenta detalló que este enfoque permitirá que la nueva Legislatura: "Con una visión fresca y renovada, asuma esta importante tarea, garantizando así que se mantenga el compromiso del Congreso con la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos".
Amaya Rosales señaló que la implementación de esta ley representará un avance significativo en la lucha contra la corrupción, ya que se fortalecerán los mecanismos de control y se promoverá una cultura de legalidad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en beneficio de todos los ciudadanos.
Los avances
A la Comisión de Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por las Diputadas y Diputados Rosa María Triana Martínez, Verónica Pérez Herrera, Sandra Lilia Amaya Rosales, Francisco Londres Botello Castro, Luis Enrique Benítez Ojeda, J. Carmen Fernández Padilla y Alejandra del Valle Ramírez, todos integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIX Legislatura del H. Congreso de Durango que contiene reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, respecto al ente estatal de fiscalización. Con fecha 14 de mayo de 2024, le fue turnada a dicha comisión la iniciativa con Proyecto de Decreto.
El proyecto de iniciativa sujeto a estudio tiene como propósito el cambio de denominación de la Entidad de Auditoria Superior del
Estado por Auditoria Superior del Estado con la única finalidad de armonizar al marco jurídico vigente en el ámbito federal.
"Coincidimos con los planteamientos propuestos por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en razón de las labores o trabajos legislativos realizados al seno de esa comisión que promueve, dado que la expedición de una nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Durango plantea dentro de las diversas propuestas tomadas
en consideración en ese proyecto modificar la denominación de la actualmente llamada Entidad de Auditoria Superior del Estado para quedar como Auditoria Superior del Estado tomando en consideración la conceptualización inaplicable de la misma por cuanto hace a las funciones de ese órgano Técnico de apoyo a este Poder Legislativo en materia de fiscalización y evaluación del desempeño gubernamental en los tres órdenes de gobierno, sus entidades y dependencias, así como las administraciones paraestatales y paramunicipales y cualquier otro ente público en materia de fondos, recursos locales y deuda pública", dictaminó la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se indica además que la finalidad es realizar una armonización legislativa con el ente federal que le permita mayor precisión en la aplicación de sus facultades y un amplio alcance legal, para garantizar en el Estado de Durango la fiscalización de recursos actuando con estricto apego a los principios éticos y de transparencia lo que se traduciría en confianza por parte de la sociedad en general.
