"La justicia militar es a la justicia, lo que la música militar es a la música". Groucho Marx
Alejandro Encinas, un civil, exsubsecretario de derechos humanos, fue interrogado por la Fiscalía de Justicia Militar en calidad de testigo el 25 de julio dentro del proceso a unos militares acusados de haber participado en el secuestro y matanza de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. "No hay precedente -escribió Encinas--, en ningún gobierno democrático, de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad".
Tiene razón: no solo no hay precedentes, sino que tampoco es correcto que los civiles seamos sometidos a la justicia militar. En este caso el interrogatorio a Encinas se le hizo como testigo, pero si el gobierno insiste en seguir usando a las fuerzas armadas como policías, y juzga a los soldados acusados de delitos en esta tarea en el fuero militar, será inevitable que se mezclen la justicia militar y la civil.
Encinas fue interrogado a petición de la defensa de los militares acusados, quienes tienen derecho a defenderse. Sus abogados argumentan que su detención obedece a razones políticas y, efectivamente, no hay indicios de que hayan participado en los crímenes de la noche de Iguala. Todas las pruebas señalan que los responsables fueron policías municipales y sicarios del grupo Guerreros Unidos, que confesaron sus crímenes.
Encinas, hoy coordinador de la comisión de transición de Clara Brugada, afirma que su interrogatorio es un "episodio emblemático" del "realismo mágico" de la política mexicana porque "se pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad", como él hizo con los anteriores investigadores. Pero hay buenas razones para poner a la Comisión de la Verdad y a la fiscalía especial en ese banquillo. Cuando Encinas presidía la comisión y Omar Gómez Trejo, exsecretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), era fiscal especial permitieron la liberación de los asesinos confesos y, en cambio, buscaron detener a quienes habían realizado las investigaciones y detenido a los responsables de los crímenes, desde el exprocurador Jesús Murillo Karam y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón hasta los militares hoy acusados. El propósito de Encinas y Gómez Trejo no era castigar a los criminales, sino probar que el crimen fue cometido "por el Estado".
La información del caso, presentada exhaustiva y sistemáticamente en la recomendación 15VG/20'18 de la CNDH, no revela, sin embargo, una participación del Ejército. Los integrantes de los batallones 27 y 41 de infantería actuaron conforme a los protocolos. Monitorearon los hechos y los reportaron a los mandos civiles, que afirmaron que todo estaba bajo control. En nuestro país el Ejército no puede hacer labores de policía sin una petición de la autoridad civil. No vivimos -todavía-en un régimen militar.
Las acusaciones contra los investigadores y militares tienen motivaciones políticas. Los líderes del movimiento Ayotzinapa, junto con el GIEI, siempre manifestaron que el Estado y el Ejército eran responsables, aunque no había pruebas. Por eso hoy el presidente López Obrador enfrenta un dilema. Cuando estaba en la oposición, apoyó a los líderes de Ayotzinapa, pero como presidente no puede imponer una conclusión política al caso. Por otra parte, ha convertido al Ejército en su aliado político y no puede darse el lujo de culparlo del crimen sin pruebas.
Encinas se queja de que fue interrogado por "un mayor" del Ejército. Esto no debería ser un problema, si realmente aclarara lo acontecido. El problema es que politizó el caso y hoy paga las consecuencias.
VERIFICACIÓN
Los presidentes de México, Brasil y Colombia pidieron ayer una "verificación imparcial de los resultados" de la elección de Venezuela. Sin embargo, ya Maduro se negó a recibir observadores internacionales. Ahora estos gobiernos aliados buscan darle tiempo para falsificar actas de votación.
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