Como en la célebre escena del Gran Inquisidor de Dostoievski, en la que un anciano eclesiástico confronta a Cristo no para adorarlo, sino para reprocharle haber traído libertad al hombre, el gobierno mexicano, en su papel de supremo inquisidor, se presenta como el único capaz de salvar a las masas de su propia libertad.
"Todo fue dado por Ti al Papa, y todo ahora está, por lo tanto, en manos del Papa", declara el Gran Inquisidor. De manera análoga, el gobierno actual nos quiere hacer creer que el poder que le fue otorgado por el pueblo le permite disponer de las instituciones a su antojo. Bajo la máscara de un redentor que actúa por el bien del pueblo, la 4T lleva seis años en una cruzada contra las instituciones democráticas, principalmente el Poder Judicial, con la promesa de liberarnos del "yugo" de la ley para entregarnos una verdad superior: la voluntad del líder.
En el poema de Dostoievski contenido en "Los Hermanos Karamazov", el Gran Inquisidor justifica su accionar bajo la premisa de que la humanidad es débil, incapaz de cargar con el peso de la libertad, y que, en consecuencia, requiere ser guiada por un grupo que sepa qué es lo mejor para ella. Desde el Palacio Nacional durante seis años se repitió incansablemente que las instituciones son obstáculos, que el aparato judicial es una fortaleza de "privilegios" y "corruptelas" que impide el avance de la 4T.
Esta narrativa ha llevado a una situación muy grave, el desacato sistemático de las órdenes judiciales por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo; es fundamental entender que ninguna autoridad puede desacatar una orden judicial simplemente por no estar de acuerdo con ella. Este principio es la base del Estado de Derecho y su violación representa una grave amenaza a nuestra democracia.
"Nosotros hemos corregido Tu obra y la hemos basado en el milagro, el misterio y la autoridad", afirma el personaje de Dostoievski. De manera similar, el gobierno actual pretende "corregir" nuestra democracia, basándola en el culto a la personalidad y la concentración del poder en el Ejecutivo.
Como el inquisidor que promete seguridad a cambio de libertad, el gobierno de la 4T ofrece justicia rápida y popular a cambio de la destrucción de un Poder Judicial independiente. Las reformas recientes al Poder Judicial se presentan como una victoria del pueblo. Pero, ¿a qué precio? ¿No estamos, al igual que los personajes de Dostoievski, entregando nuestra libertad bajo el pretexto de que el gobierno sabe mejor lo que nos conviene?
La diferencia es que, en el mundo literario, el inquisidor actúa desde la religión; en nuestro caso, el gobierno lo hace desde una narrativa pseudo-democrática, disfrazando la destrucción institucional con el velo de la legitimidad popular. Se habla de "justicia social" como si fuera incompatible con el Estado de derecho, cuando en realidad es el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho lo que garantiza una verdadera equidad.
Como el Gran Inquisidor que desdeña la libertad, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha declarado que "ni Dios Padre encarnado puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial aprobada" y ha asegurado que el Senado ignorará las suspensiones judiciales. Esta retórica no solo refleja un desprecio por la separación de poderes, sino que ejemplifica la peligrosa narrativa de un gobierno que se cree por encima de la ley, actuando supuestamente en nombre del pueblo.
Es crucial que la sociedad mexicana reconozca la falacia detrás de este discurso. El verdadero bienestar del pueblo no se logra concentrando el poder en unas pocas manos, sino fortaleciendo las instituciones que garantizan el equilibrio y la justicia. La verdadera libertad y el progreso se logran a través de instituciones fuertes e independientes, no sometiéndolas a los caprichos del poder en turno.
Los sistemas de justicia, aunque debilitados, siguen siendo el último baluarte de la democracia. Y mientras más se ataque su independencia, más claros deben ser los ciudadanos sobre lo que está en juego: nuestra propia libertad.
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