En 2020, la coalición Movilidad Segura, integrada por más de 100 organizaciones de todo el país, logró que se modificara la Constitución para incluir el derecho humano a la movilidad segura.
Por incumplir con la armonización de la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que se expidió desde mayo de 2022, el colectivo ciclista Ruedas del Desierto interpuso un amparo por omisión legislativa en contra del Congreso Local de Coahuila, cuya audiencia institucional tendrá lugar el próximo 12 de abril.
Con el respaldo del despacho jurídico Más que Derecho y de alumnos de la Universidad Iberoamericana, la agrupación recurrió a la justicia federal para que los diputados locales atiendan su responsabilidad de homologar la ley estatal, lo que debieron hacer desde noviembre pasado cuando venció el plazo de seis meses que estableció el Congreso de la Unión a los Congresos estatales para legislar en ese aspecto.
Es decir, el Congreso estatal ha sido omiso por casi 16 meses, pese a que la armonización legislativa es crucial, pues establece las competencias municipales y estatales para salvaguardar la vida de las personas garantizando una movilidad segura, eficiente, accesible, inclusiva, igualitaria y de calidad, un derecho humano establecido en el Artículo 4 de la Constitución.
LÍMITES DE VELOCIDAD
Uno de los principales temas en que se debe establecer un marco legal uniforme es el de los límites de velocidad en las ciudades, pues actualmente cada municipio establece sus propios criterios, dijo el representante del colectivo, Francisco Valdés Perezgasga. De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la velocidad máxima dentro de las ciudades es de 50 kilómetros por hora, 60 en las vías primarias y 80 en las vialidades de acceso controlado, de las cuales en Torreón solamente se tiene el periférico Raúl López Sánchez.
Sin embargo, la actual administración subió el límite a 80 kilómetros por hora en el bulevar La Nogalera o carretera a San Pedro, pese a que es una de las vías de circulación más peligrosas y no está dentro de la clasificación de acceso controlado.
Otro tema que se debe armonizar es el referente a la expedición de las licencias de conducir, sobre lo que la ley general establece disposiciones muy precisas que no se han aterrizado en el ámbito local.
Recientemente, el Consejo Consultivo de Vialidad, en coordinación con la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana puso en marcha el programa piloto Mi primera licencia, dirigido a capacitar a los jóvenes que realicen el trámite por primer vez.
Además, la administración municipal tomó la iniciativa en aplicar los límites de alcoholemia que entraron en vigor con la legislación federal.
ANTECEDENTES
En 2020, la coalición Movilidad Segura, integrada por más de 100 organizaciones de todo el país, logró que se modificara la Constitución para incluir el derecho humano a la movilidad segura, junto con la emisión de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que llena vacíos importantes en materia de seguridad vial.
El 29 de septiembre de ese año, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la minuta de reforma constitucional.
Organizaciones de la sociedad civil impulsaron el lema #500de500 para invitar a todos los diputados a apoyar la reforma, la cual fue aprobada también de forma unánime en el pleno el 14 de octubre, luego de una rodada festiva y emotivos pronunciamientos de todas las fracciones parlamentarias.
En ese momento comenzó el proceso de aprobación de la reforma por parte de los Congresos estatales.
Entre otros aspectos, la ley federal establece normas para la expedición de licencias de conducir, establece la creación de una agencia que registre datos estadísticos, así como estándares para señalética vial, entre otros puntos que antes no se regulaban.
