Para Isidro Morales
Es posible que ningún otro reto para el próximo gobierno revista mayor importancia que el de la energía y el calentamiento global. Retos particularmente complejos que podrían conducir a que haya un cambio más que continuidad en la política energética. El estilo personal de gobernar de la presidenta electa podría comenzar a mostrarse en relación con estos desafíos fundamentales para el país, sobre los cuales se ha pronunciado sin ambigüedades en favor de las energías limpias y renovables, reconociendo la necesidad de la transición energética y teniendo un interés personal y una larga implicación profesional en estos asuntos públicos.
En esta perspectiva debe valorarse la acertada designación de Luz Elena González Escobar como Secretaria de Energía, dada su formación y experiencia, cercanía, confianza y concordancia con la doctora Sheinbaum. Seguramente no habrá un deslinde público respecto de la orientación de los esfuerzos para rehabilitar y sanear las finanzas de PEMEX y la CFE, las empresas productivas del Estado, cuyos múltiples problemas continúan profundizándose, pero sí de facto, en la manera de enfrentarlos, en la visión y estrategia, en las políticas públicas, puesto que el crecimiento del país va a exigir más energía, la cual ya no puede provenir de los combustibles fósiles sino de las energías renovables.
Hay imperativos formidables. Dilemas en torno a la política energética que exigirán definiciones difíciles y decisiones soberanas. México necesitará generar, transmitir y distribuir más energía eléctrica, haciéndolo de manera sustentable y eficiente, considerando que va a seguir siendo un exportador de petróleo que mantendrá por un tiempo considerable una dependencia del exterior para satisfacer sus necesidades de gasolina, diésel y gas.
En pocos días tendrá que determinarse si se mantiene o descarta la iniciativa de reforma relativa a las industrias energéticas del Estado, la cual forma parte del conjunto de reformas constitucionales propuestas por AMLO en febrero, -una suerte de revancha de la malograda reforma eléctrica del 2021- puesto que entre las propuestas centrales vuelve a plantearse la precedencia de la CFE sobre las empresas privadas, se elimina su capacidad para celebrar contratos con empresas privadas y se establece la desaparición tanto de la Comisión Reguladora de Energía como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Como ocurrió hace tres años, de aprobarse estas medidas legislativas podrían contravenir lo acordado en el T-MEC, que estableció que, si un país abre más su economía, permite más comercio e inversión extranjera, no podrá retroceder esas medidas en el futuro ni cerrar sectores previamente abiertos a la participación privada, por lo que introducir nuevas restricciones para empresas privadas en el sector de energía podría generar nuevos conflictos con Estados Unidos y Canadá, debiendo respetarse la igualdad de condiciones para los tres socios norteamericanos.
Respecto de la generación de energía eléctrica, tendrá que ratificarse o rectificarse que el Estado mantendrá su participación en un 54%. Asimismo, si en efecto, el próximo año, el gobierno procederá a invertir 55,412 millones de pesos para proyectos prioritarios destinados a reforzar las líneas de transmisión y las redes de distribución; pero también si se asegurará que en el 46% restante de la potencial generación de electricidad se establecerán reglas claras para las empresas privadas otorgándoles certidumbre, sin dejar de salvaguardar los intereses nacionales.
De ser así, podría quedar atrás la onerosa y cuestionada adquisición por la CFE de 12 obsoletas centrales de ciclo combinado de Iberdrola y disponerse también de un sistema nacional interconectado de energía eléctrica reforzado, con mejores perspectivas de solución frente a las recurrentes alertas de emergencia, ante una creciente demanda de energía en todo el país, luego de los apagones ocurridos en mayo pasado como consecuencia de las olas de calor registradas en diversas regiones.
Al respecto, conviene recordar que en 2017 la presidenta electa Claudia Sheinbaum publicó un trabajo académico intitulado "Una estrategia de transición de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico nacional ". Sus funciones públicas no le impidieron seguir contribuyendo al debate sobre la necesidad de avanzar medidas de mitigación para combatir la emergencia climática, reconociendo que México es uno de los países más vulnerables.
Por ello resulta muy alentador el anuncio de que el Fondo Verde para el Clima financiará con 164.6 millones de dólares dos proyectos de desarrollo sustentable, uno para reducir la vulnerabilidad al cambio climático en la cuenca del rio Balsas, para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas en una amplia región de tierras bajas, favorecer las actividades productivas de comunidades rurales y pueblos indígenas; y otro, mediante un préstamo, para introducir sistemas de transporte público eléctrico sustentable, destinados a impulsar la electromovilidad y la transportación urbana baja en carbono, que mejoren la calidad del aire y la salud pública.
La transición gubernamental también podría introducir cambios favorables en lo que respecta a la generación de energía eólica y solar fotovoltaica, habiéndose frenado las inversiones y suspendido los permisos este sexenio, al existir la disposición para invertir 40 mil millones de dólares en estas energías renovables en los próximos seis años, teniendo 7,413 megawatts eólicos disponibles que representan el 8.6% de la capacidad instalada nacional, repartida en 72 parques eólicos ubicados en 15 entidades; y habiendo más de 5,000 megawatts en espera de que se resuelvan indefiniciones y dificultades burocráticas para poder conectarse a la red nacional.
Si se destraban las políticas públicas, el gobierno entrante y las empresas privadas podrían trabajar juntos para asegurar la sustentabilidad y la diversificación energética.
@JAlvarezFuentes
