Con la amenaza de seguir perdiendo la guerra contra el crimen organizado y tener que hincársele a las mafias, un vasto sector de la clase política de América Latina y el Caribe- de Ecuador a Argentina, de Costa Rica y Panamá a Honduras y Guatemala o de República Dominicana, Perú y Paraguay a Chile y Brasil- soñó en los últimos 21 meses con la idea de copiar e imponer el modelo Bukele en sus países para arrasar con los delincuentes.
Con fama de éxito, el aparato que el presidente salvadoreño, el derechista Nayib Bukele, implantó desde marzo de 2022 en El Salvador para restablecer la seguridad ciudadana al imponer un estado de excepción con fuerzas militares y policiales, ejecutar arrestos masivos indiscriminados y arbitrarios, efectuar juicios multitudinarios con sentencias en bloque y construir cárceles para 40 mil reclusos quedó teñido de autoritarismo.
La fórmula del mandatario permitió encarcelar a más de 70 mil presuntos criminales -mujeres y hombres, menores de edad y en especial miembros de las pandillas o maras Salvatrucha y 18- y sin tampoco lograr sepultar a la criminalidad organizada. El sistema logró reducir los homicidios y otros índices, pero agravó las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a las estructuras estatales de seguridad.
Aunque los promotores en América Latina y el Caribe de copiar ese modelo acusaron a Cuba, Nicaragua o Venezuela de violar los derechos humanos, parecieron dejar a un lado o marginar ese factor en sus países: de elegir entre derechos humanos y seguridad privilegiaron seguridad, como hizo Bukele.
"El modelo Bukele no es exportable: es una farsa", afirmó la abogada salvadoreña Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, instancia no estatal de defensa de los derechos humanos de El Salvador. A EL UNIVERSAL informó que la organización acusó ayer a Bukele y a los diputados en un juzgado del nororiente por emitir decretos, como el de excepción, y reformas penales que permitieron cometer crímenes de lesa humanidad, de marzo de 2022 a diciembre de 2023, con 220 personas —218 adultos y dos niños— que murieron en prisiones.
También denunció ante la Fiscalía General de El Salvador a tres jerarcas del gobierno de Bukele por "posibles" violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada e incumplimiento de órdenes judiciales en el estado de excepción, precisó. Ese régimen "es una exitosa tregua con las pandillas. Eso Bukele no lo dice. Pero los acuerdos con las pandillas están pegados con saliva. En cualquier momento, cuando estos acuerdos se acaben por falta de liquidez para dar dinero [a sus líderes], volveremos indudablemente al nivel de homicidios que hoy están ocultando", aseveró.
Al subrayar que "hay 6 mil desaparecidos en cinco años de Bukele que no sabemos dónde están, si están enterrados ni quién los mató", alertó que en El Salvador "todo está en reserva. El modelo Bukele absolutamente no es exportable ni para emular (...) Recibo denuncias diariamente sobre personas arbitrariamente capturadas: 23 mil personas que muy probablemente son inocentes porque hay dudas razonables. Por esa causa estamos luchando".
Bukele, cuyo quinquenio empezó en 2019 y concluirá el próximo 1 de junio con posibilidad de reelegirse en febrero para uno consecutivo, negó ser autoritario, dictador, antidemócrata, violador del orden constitucional y de los derechos humanos, torturador o monopolizador del poder. Bukele refutó los alegatos de derechos humanos y adujo que nunca nadie pensó en los de las víctimas de las maras y otros criminales.
Por eso, las ansias de remedar a Bukele resurgieron con fuerza por la sanguinaria crisis que se agravó esta semana en Ecuador, que obligó al presidente de ese país, el derechista Daniel Noboa, a decretar estado de "conflicto armado interno" y movilizar militares y policías para "neutralizar" y combatir a 22 grupos criminales de ese país como terroristas.
Influyentes clases políticas de la región reconocieron que soñarían con utilizar el modelo Bukele. En julio de 2023, en su campaña, el ultraderechista Javier Milei envió a asesores a El Salvador a estudiar el modelo.
El Salvador y Ecuador "están innovando en la gestión contra las bandas criminales. Yo no conocía el precedente de declarar esas acciones como conflicto armado interno o no internacional", alegó la abogada venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la no estatal Control Ciudadano, de Caracas sobre estudios militares.
"Esto puede estar siendo mirado por México, Venezuela y Brasil con mucho interés, sobre todo a partir del momento en que la Asamblea Nacional de Ecuador ofreció [esta semana] amnistías anticipadas a los militares ecuatorianos para las operaciones a desplegar", dijo San Miguel a este diario. Tras insistir en que "estamos frente a situaciones complejas en las que vamos a encontrar todo un catálogo de graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador y en Ecuador", anticipó que "también vamos a encontrar aplausos de sectores de la sociedad que se sienten satisfechos de cómo finalmente se castiga a estas bandas criminales".
"El Salvador no puede terminar con la criminalidad exportándola. No se puede gestionar la solución del crimen transnacional por la vía de un conflicto armado no internacional y menos con amnistías generalizadas. Lo de Ecuador potencia aún más el perfil de Bukele", pronosticó.
