(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN)
El bulevar Efraín López Sánchez de Viñedos atraviesa por una propiedad privada, lo que pone en conflicto a los habitantes de este sector, tras la resolución de un Juzgado de Distrito, acatando la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Torreón, que surtió efectos y ordena que no se utilice la vialidad ni se sigan haciendo intromisiones en este predio.
El problema se originó en la administración municipal anterior pero la resolución surtió efectos el pasado 11 de diciembre, por lo que este lunes los propietarios del inmueble realizaron un bloqueo, en base a que les fue otorgada la razón en la resolución provisional. Además, previene a la autoridad responsable, en este caso la Dirección de Urbanismo del Municipio de Torreón, y demás involucrados, en cuanto al desacato a esta resolución implicaría aplicar multas y es constitutivo de un delito, lo que viene previsto en el artículo 260 y 261 de la Ley de Amparo.
Gumaro Jesús López Gutiérrez, abogado de los dueños del inmueble por donde cruza el bulevar, explicó que se acreditó con una escritura pública que la propiedad es privada y este martes se presentó una solicitud al juez federal para que, a la brevedad posible, se notifique a la autoridad sobre la resolución.
El conflicto legal lleva casi cuatro años, se disputan particulares más de mil metros cuadrados de terrenos que fueron utilizados para la construcción de un tramo de dicha vialidad por la contraparte, que son empresas constructoras de fraccionamientos, mientras que al Municipio le acusan de que, en la gestión anterior, incurrió en omisiones, al no exigirles los estudios de viabilidad e impacto urbano.
"No pueden estar usando ese camino como vialidad pública, que les prevenga de que, en caso de violar esta suspensión, están cometiendo un delito", expresó López Gutiérrez.
El abogado dijo que el Municipio actualmente está fungiendo como mediador entre las partes, en un conflicto de intereses económicos particulares, donde Baudilio Rodríguez, el propietario afectado, pide que le paguen su terreno o que se lo liberen; y tres empresas constructoras, que hicieron una vialidad por ahí para que la plusvalía de su fraccionamiento aumentará de valor.
Recordó que el Municipio tiene injerencia porque debe solicitar ciertos requisitos para que los fraccionamientos se entreguen y puedan operar con los servicios públicos. Señaló que había un acuerdo escrito por ambas partes donde se iban a escriturar en favor del propietario unos terrenos y le iban a pagar una cantidad en efectivo, lo que no sucedió. Este miércoles se espera avanzar en este acuerdo, de lo contrario, se hará efectiva la suspensión concedida por la autoridad federal.
"Vamos a hacer efectiva la suspensión que nos concede la autoridad federal es decir, vamos a a impedir que sigan circulando por esa calle porque nosotros tenemos una resolución judicial federal donde nos dice que no tienen por qué estar pasando ni tiene que haber intromisiones en nuestra propiedad", expresó el abogado.
Además, indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estableció una servidumbre de paso para dar mantenimiento a su línea, pero hay infraestructura.
"Los propietarios de hace 25 años de ese terreno realmente estamos siendo pisoteados por los fraccionadores y el Municipio tiene la obligación de darnos certidumbre jurídica, los terrenos son nuestros, no son del municipio ni de otras personas, no se ha dado ningún tipo de permiso para pasar, nos han despojado de nuestros terrenos", comentó Rodríguez.