Al explorar cómo la Ley de Aguas Nacionales y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han contribuido a la profunda crisis del agua que enfrenta el país, se descubre que uno de los objetivos de esa ley y de la Conagua es justificar la construcción de enormes obras, preferentemente en manos del capital privado. El método consiste en anunciar o provocar una emergencia, como fue el caso de las imágenes de la Catedral Metropolitana bajo agua utilizadas para justificar el Túnel Emisor Oriente, o las prevenibles inundaciones de Tula y Tabasco, o los anuncios del "Día Cero" en 2024.
Bajo estas situaciones de emergencia, la Conagua logra tener acceso a fondos extraordinarios en condiciones que permiten evadir los controles administrativos usuales, como son la elaboración de proyectos ejecutivos, el análisis costo-beneficio, las Manifestaciones de Impacto Ambiental o la realización de procesos de licitación.
Este énfasis en acueductos gigantescos, pozos ultraprofundos y macro-drenes, es acompañado por el abandono de los sistemas de distribución de agua potable; se exige gastar en enormes trasvases solo para perder la mitad del agua obtenida al drenaje vía fugas.
En realidad, las inversiones más costosas en términos efectivos son las obras locales, como el control de presiones, la reparación y reemplazo de tuberías, que permitirán lograr la distribución continua y equitativa del agua a cada hogar.
Así se evita el ciclo vicioso del tandeo, cuyos cambios de presión rompen y desgastan las líneas de conducción.
En el fondo, el futuro del agua para las áreas metropolitanas del país dependerá de la regeneración de las aguas pluviales y residuales de sus propias cuencas.
Se requiere almacenar picos de lluvia en lagos/reservorios y regenerar las aguas tratadas mezcladas con las pluviales a través de un post-tratamiento con humedales y con su exposición a los rayos ultravioleta del sol y la oxigenación con energía solar, para su posterior potabilización.
Cuando fue Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum buscó revertir la dinámica de "decisiones por desastre" en la Cuenca de México.
Sheinbaum convocó a la Conagua y a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) a consensuar un Plan Metropolitano para aprovechar el agua de la propia cuenca con proyectos de regeneración.
Tales proyectos son Presa Madín, Presa Guadalupe, Lago Tláhuac-Xico, junto con la tecnificación del riego al pie de la Presa El Bosque.
La entonces Jefa de Gobierno buscó obligar al Fideicomiso 1928 a ejecutar el Plan.
Cabe decir que este Fideicomiso es un mecanismo opaco controlado por Banobras y Conagua, que recaba unos 4 mil 500 millones de pesos anuales de recursos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y CAEM.
Hasta 2019, bajo la coordinación técnica del actual titular de SACMEX, su función principal fue financiar el Túnel Emisor Oriente y las obras hidráulicas del ex Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Es preocupante que hasta la fecha no ha sido posible transparentar los recursos del Fideicomiso, ni lograr la fluidez del recurso para la construcción de las obras del Plan Metropolitano.
En la sección "Agua para las metrópolis: trasvases Vs eficacia y regeneración", del documento "Construyendo el buen gobierno del agua frente a una institución fallida", dado a conocer por la Contraloría Nacional Autónoma del Agua en julio, aparecen las siguientes propuestas ciudadanas.
Primero, elaborar Planes Metropolitanos consensuados, con el fin de reducir fugas y habilitar reservorios para la regeneración y reúso de aguas tratadas y pluviales.
Segundo, poner fin al huachicoleo del agua; es decir, a las tomas ilícitas.
Tercero, recuperar a favor del derecho humano al agua el gran número de concesiones irregulares en cuencas urbanas.
Cuarto, potenciar a las contralorías ciudadanas autónomas del agua.
Las comunidades y ciudadanía necesitan contar con contralorías autónomas porque la gestión actual del agua es opaca, a espaldas de la ciudadanía y de las comunidades y favorable a grandes intereses, resultando en corrupción, impunidad, acaparamiento, sobreexplotación, contaminación y distribución inequitativa.
Se requieren mecanismos fuertes y sólidos, propios de comunidades y ciudadanía, para servir como contrapeso a la influencia sobre los gobiernos ejercida por los grandes intereses, para hacer que se cumplan los derechos humanos y de los pueblos.
Las contralorías son un mecanismo de acción ciudadana implícitamente protegida por la Constitución y las leyes, que permiten ejercer colectivamente los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional.
Los gobiernos tienen la obligación de respetarlas.
Rumbo al inicio de sesiones de la LXVI Legislatura federal el 1 de septiembre y a la entrada del Gobierno de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, no debe pasarse por alto todo esto.
¿O es que en el "segundo piso de la 4T", la Conagua seguirá negociando con el agua?
@kardenche
