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En un hecho sin precedentes a nivel nacional, el acuífero Principal de la región lagunera se ha convertido en el más inspeccionado de todo México, con casi 900 pozos verificados en los últimos seis meses, gracias a una orden judicial promovida por organizaciones de la sociedad civil y respaldada por instancias técnicas y científicas.
De acuerdo con el abogado Luis Pedroza, representante de las asociaciones, esta cifra representa un salto histórico en materia de fiscalización hídrica.
"Antes apenas se hacían unas 30 inspecciones al año; hoy, lo que antes tomaba una década, se ha hecho en medio año. Los resultados están en el juzgado, y hay un avance documentado en más de 800 pozos de los 3 mil existentes en el acuífero", detalló.
Este esfuerzo no solo apunta a la medición, sino a una transformación profunda en la forma en que se gestiona el agua subterránea en la Comarca Lagunera. Uno de los próximos pasos clave será la firma de un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para implementar un modelo de gestión sustentado en ciencia, un esquema inédito en el país que busca establecer nuevas reglas con base en evidencia y monitoreo tecnológico, como medidores telemétricos.
"No solo estamos monitoreando el acuífero, estamos iniciando una conversación social sobre el agua, su valor y su futuro", señaló Pedroza.Enfatizó que recuperar el acuífero es fundamental, pero no es suficiente, si no se acompaña de la restauración del río como cuerpo hídrico vital. "Es hora de cerrar el ciclo natural del agua en nuestra región, de reconocer los factores de presión, y actuar con visión a largo plazo. Hay avance, sí, pero también un llamado urgente a sumarse desde todos los frentes".
Amparo
Como se informó oportunamente en este medio, organizaciones de la sociedad civil ganaron el amparo 543/2022 que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a cuidar el acuífero, algo que se debió hacer desde hace años, para que no se abatan los niveles.
Aunque en el sexenio federal anterior ninguna de las dependencias mencionadas hicieron caso al tema de la sentencia, en esta administración se ha observado un mayor interés, lo que ha facilitado el diálogo y se han logrado acuerdos, ya que Conagua tiene la obligación, por medio de este amparo, de presentar un programa y un subprograma de trabajo donde se detallen las medidas para resolver el problema.
ANTECEDENTE
Fue en el año 2019 cuando las organizaciones iniciaron este amparo en contra de Conagua y Semarnat por todas las omisiones que han llevado a la situación tan crítica de un acuífero cada vez más sobreexplotado y con más arsénico, como consecuencia del agotamiento de los mantos freáticos. El amparo fue revisado en diversas instancias judiciales hasta que se resolvió que, pese a no tener concesiones, como afectados por el asunto podían ampararse.
En 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad, estuvo de acuerdo en que Semarnat y Conagua fueron omisas en 18 rubros y que eso está afectando el derecho constitucional al agua y a un ambiente sano de los laguneros. La Corte emitió ocho tesis jurisprudenciales, mismas que podrían ser determinantes para otros ciudadanos que se amparen por acuíferos sobreexplotados, esto en base al caso de la región.Luego de sanciones por parte del juez a Semarnat y Conagua por su falta de respuesta y cumplimiento, finalmente hubo diálogo con Conagua y compromisos, como la instalación de 200 medidores telemétricos en las zonas más abatidas del acuífero, así como la no prorrogación de las concesiones.
También se acordó que el Instituto de Geociencias de la UNAM asesore para la definición de un modelo de gestión del agua del subsuelo. Otro punto muy importante será que la telemetría en la extracción del acuífero sea norma de cumplimiento obligatorio.
