Conagua detecta 150 pozos irregulares en la Región Lagunera, serán sancionados
Un total de 150 pozos en la Región Lagunera están bajo revisión por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debido a irregularidades como la falta de medidores, modificaciones en los dispositivos de medición y posibles incumplimientos en el volumen concesionado. Estas anomalías podrían derivar en sanciones administrativas, informó Gabriel Riestra Beltrán, director del Organismo Cuencas Centrales del Norte.
Las inspecciones forman parte de un operativo inédito que ha abarcado 920 pozos en zonas de mayor abatimiento del acuífero principal, cifra que supera el total de revisiones realizadas en el resto del país. Las visitas se realizaron en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras un amparo promovido por organizaciones civiles para proteger el acuífero.
Riestra Beltrán citó como ejemplo que solo el día anterior se clausuraron tres pozos por irregularidades detectadas. El funcionario aclaró que, aunque la Comarca Lagunera cuenta con mil 350 títulos de concesión, los pozos inspeccionados se localizan en los puntos más críticos de abatimiento, excluyendo aquellos destinados al uso público urbano. Las inspecciones abarcaron municipios como Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, San Pedro y Viesca en Coahuila, así como Tlahualilo y Mapimí en Durango.
El director reconoció que el acuífero Principal de La Laguna presenta una disponibilidad negativa de -111 millones de metros cúbicos por año, lo que ha provocado un abatimiento de dos metros anuales en el nivel del agua subterránea.
“Esto era alarmante y sigue siendo alarmante. Estamos haciendo todo para detenerlo”, afirmó.
Como parte de las acciones para revertir esta situación, Conagua firmó un convenio con el Instituto de Geociencias de la UNAM, que permitirá realizar una radiografía detallada del estado del acuífero. El estudio, que tendrá una duración de cinco años, incluirá información georreferenciada por pozo y buscará establecer un punto de equilibrio en la extracción de agua.
Entre los proyectos pendientes que también derivan de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, se contempla una inversión de 300 millones de pesos para instalar medidores telemétricos que permitan monitorear en tiempo real la extracción de agua en los pozos. En una primera etapa, se prevé la instalación de 200 equipos en las zonas más abatidas.
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad que detecte en el uso del agua. Aseguró que todas las quejas son atendidas y revisadas, como parte del compromiso institucional con la protección del acuífero y el desarrollo sustentable de la región.
