La legislación vigente carece de mecanismos claros y sanciones suficientemente disuasorias para castigar de manera ejemplar a las instituciones que incurren en esta práctica. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El Congreso de Coahuila exhortó a las dos cámaras del Congreso de la Unión para que analicen y propongan reformas legislativas necesarias para establecer sanciones más severas y efectivas para las universidades que imparten carreras y posgrados sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) ni la calidad mínima exigida por estándares nacionales.
Consideran que la legislación vigente carece de mecanismos claros y sanciones suficientemente disuasorias para castigar de manera ejemplar a las instituciones que incurren en esta práctica, aunado a que las multas, clausuras o sanciones administrativas actualmente previstas son insuficientes para frenar un fenómeno que daña patrimonial y académicamente a miles de estudiantes, así como al prestigio del sistema educativo estatal.
Lo anterior, fue derivado de un dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Familias, Desarrollo Humano y Actividades Cívicas de la sexagésima tercera legislatura del Congreso Local, relativo a la proposición con punto de acuerdo planteada por el Grupo Parlamentario "Alianza Coahuila" del PRI y que tiene que ver con el exhorto al Gobierno federal para que se refuercen los lineamientos para otorgamiento del RVOE.
Sin estándares mínimos En la exposición de motivos, señalaron que el problema empieza cuando lo que se persigue es solamente el lucro, el negocio, y no la calidad mínima en la educación impartida.
"Hablamos de aspectos como instalaciones adecuadas, tecnología moderna y acorde a los tiempos, planes de estudio serios y bien desarrollados y, plantillas de maestros calificados para enseñar con calidad y eficiencia.
El problema empeora, cuando además de las carencias antes mencionadas, se engaña a los estudiantes, ofreciéndoles carreras para las que no se cuenta con la autorización de estudios con validez oficial (RVOE), cayendo en conductas fraudulentas que impactan gravemente en los derechos y planes de vida de los estudiantes, en su economía y en la de sus padres o tutores, además del tiempo perdido y el daño moral y sicológico sufrido, luego de darse cuenta que estuvieron 3 o 4 años estudiando y pagando para nada".
Agregaron que el problema no solo reside en las universidades que ofrecen carreras profesionales en condiciones irregulares sino también en aquellos centros educativos que ofrecen estudios de maestría, especialización y doctorado sin contar con las autorizaciones oficiales.
"También debemos sumar a las 'universidades' que ofrecen carreras que son de alta complejidad en su enseñanza, como medicina, biología y algunos tipos de ingenierías, y no cuentan con la infraestructura, la tecnología, los recursos financieros y el personal calificado para impartir dichos estudios con el rigor académico y técnico que se necesita para que los estudiantes, llegado el momento, se gradúen con la preparación necesaria."
Dijeron que no existen estadísticas exactas de cuántas universidades o escuelas que imparten carreras profesionales y estudios de posgrado y especialización carecen de RVOE o bien, lo tienen, pero imparten clases sin los estándares mínimos de infraestructura y de maestros calificados.
Finalmente, el Grupo Parlamentario señaló que existen dos problemas legislativos muy graves en materia de educación superior, que son la laxitud en las leyes y reglamentos para otorgar las autorizaciones iniciales para que una escuela o 'universidad' inicie sus operaciones.
Así como la falta de sanciones más severas y eficientes en materia educativa para las escuelas y universidades que estafan a los alumnos, impartiendo carreras o estudios de posgrado y especialización sin el RVOE, y también, en los casos en que, contando con este registro, no cumplen con los estándares mínimos de calidad en la educación.
