Impacto del “derecho de piso” en las mipymes mexicanas

Durante los últimos años, las empresas en México han enfrentado un fenómeno delictivo cada vez más generalizado: el cobro por “derecho de piso”. Esta modalidad de extorsión realizada por grupos criminales consiste en exigir pagos regulares a los negocios a cambio de permitirles operar. 

Lejos de ser una simple amenaza, estos incidentes se han convertido en una grave crisis monetaria y social que afecta directamente la viabilidad de los comercios, limitando el crecimiento económico local y aumentando la inseguridad generalizada en diversas regiones del país.

Especialmente daña a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que aportan una proporción importante de riqueza a nivel nacional, al representar más del 99 por ciento de las unidades económicas del país. Asimismo, generan más del 70 por ciento del empleo formal, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2024, por lo que cualquier amenaza a este sector no sólo incide directamente en los propietarios, sino que impacta profundamente en la economía nacional. 

DATOS DUROS 

De acuerdo con El Economista, las víctimas de extorsión en México aumentaron de seis mil 895 en 2018 a 11 mil 039 cuatro años después. Aunado a estas cifras, hay que considerar que este tipo de delito, ejercido contra individuos y negocios, está subregistrado, por lo que los números podrían ser considerablemente mayores. De hecho, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) menciona que únicamente se denuncia e investiga el tres por ciento de las extorsiones. 

Por otro lado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de SeguridadPública (SESNP), las extorsiones por cobro de piso y telefónicas aumentaron un 8.3 por ciento en el primer cuatrimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al haberse registrado un promedio de 31 víctimas diarias. 

Entre las causas principales del cobro por derecho de piso se encuentra la debilidad institucional y la corrupción, es decir, la falta de capacidades gubernamentales para garantizar seguridad y justicia, lo que crea un entorno propicio para la impunidad generalizada y la expansión del delito, particularmente en municipios con poca supervisión estatal o federal. 

IMPACTO 

Las consecuencias económicas de este tipo de delito han sido devastadoras para las empresas mexicanas, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad (ENAPROCE), más del 60 por ciento de las mipymes reportan haber sufrido algún tipo de extorsión, destinando en promedio hasta un 5.8 por ciento de sus ganancias totales al pago de estas cuotas ilícitas. 

El fenómeno ha derivado en una reducción significativa de los ingresos de las empresas y aumentos en sus costos operativos, así como en su cierre o su desplazamiento forzoso a áreas menos rentables. También afecta al consumidor al acelerar la inflación, como lo reconoce el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, quien menciona que aunque la autoridad monetaria del país no tiene datos duros para evaluar las repercusiones de las extorsiones sobre los precios, sí se cuenta con “amplia información de tipo anecdotario que apunta a que no sólo es un factor importante, sino creciente, del impacto en la formación de los precios”. 

Como resultado general se ha creado un ambiente económico marcado por una importante desigualdad regional y una desconfianza empresarial que dificulta tanto la inversión extranjera como la nacional y local en las zonas más afectadas por la inseguridad. 

Las constantes amenazas y el temor de los empresarios también afectan su toma de decisiones al verse obligados a modificar sus horarios, su ubicación o incluso su giro comercial. Estos cambios, aunque orientados a la supervivencia de los negocios, perjudican la productividad y la competitividad. 

El clima de inseguridad limita el emprendimiento, desalienta la formalización y aumenta la tasa de desempleo debido al cierre de mipymes. Esta situación también refuerza la desigualdad económica, pues afecta con mayor intensidad a los comercios más pequeños y vulnerables que no cuentan con recursos suficientes para resistir a largo plazo. Aunque algunas autoridades han intentado combatir este problema mediante la creación de fiscalías especializadas y mayor vigilancia policial, los esfuerzos han sido insuficientes. La corrupción y la falta de coordinación entre distintos niveles de gobierno han sido obstáculos en la lucha contra la extorsión. 

RESILIENCIA 

La resiliencia se puede entender como la habilidad de una persona, un hogar, una comunidad o una región para absorber de manera rápida los efectos de los desastres y adaptarse a los cambios sin que se alteren sus funciones fundamentales. Esta habilidad disminuye el nivel de vulnerabilidad frente a un imponderable. 

Las estrategias de resiliencia que llevan a cabo las empresas para hacer frente al cobro por derecho de piso son interdependientes, es decir, el esfuerzo de un sector debilita o fortalece el esfuerzo de otro. Este enfoque puede abordarse desde cuatro ángulos. El primero es desde las fortalezas internas de la organización, que van de su capital humano hasta su tipo de tecnología, lo que hace posible agilizar el nivel de comunicación y la toma de decisiones respecto al fenómeno delictivo. El segundo tiene que ver con la región donde se encuentra establecido el negocio, lo que le permite coordinarse con su ecosistema económico para enfrentar el problema. Después están las condiciones sociales del entorno, desde donde la comunidad puede empatizar y buscar soluciones donde todos participen. Por último se encuentra el compromiso del Estado desde lo local (por su cercanía), sobre todo para agilizar el grado de respuesta ante la extorsión. 

El cobro por derecho de piso representa una amenaza directa al desarrollo económico y social del país. La solución requiere una acción decidida y coordinada por parte de las autoridades, orientada a fortalecer la seguridad pública, reducir la impunidad y fomentar la denuncia. 

Además, urge despolitizar a las cámaras empresariales, las cuales se han convertido en un pasaporte para la política más que en un verdadero ente que apoye y dé solución a las problemáticas de seguridad que enfrentan la mayor parte de los negocios en México. Existe una disociación entre las cúpulas empresariales y los delitos como la extorsión, los ataques cibernéticos y fraudes que flagelan a las mipymes, por lo cual actualmente dichas cámaras no son verdaderos instrumentos de presión para garantizar la acción del Estado. 

Sólo trabajando en estas prácticas de resiliencia será posible proteger eficazmente a los negocios más vulnerables y, con ello, asegurar un crecimiento económico más equitativo y sostenible en México.